Resumen: LUNION CEE adoptó Plan de igualdad, solicitó 1/07/21 inscripción y registro de convenios en la DG de Trabajo, siendo requerida el 6/07 para subsanar defectos, la empresa presentó alegaciones y nuevamente requerida el 18/08 para subsanación nuevas alegaciones el 8/09. El 22/12 ILUNION CEE solicitó que se expidiese certificado de silencio administrativo estimatorio, se dicta Resolución desestimatoria de la inscripción el 29/12. El TSJ apreció que era contra legem la decisión de la Administración operando el silencio positivo, admitiendo la inscripción y registro. En casación la Dirección General cuestiona si opera silencio administrativo positivo en relación con la inscripción y registro del Plan de Igualdad al entender que es silencio negativo porque se han transferido facultades del servicio a las empresas que deben elaborar los planes de igualdad. Para la Sala IV el art. 45 LOI atribuye a las empresas la obligación de elaborar y aplicar PI, no se trata de transferencia de facultad de servicio público. Recordó su doctrina sobre el silencio administrativo positivo que impide posterior Resolución expresa denegatoria (ERTE y FOGASA), aprecia que al dictarse la Resolución denegatoria habían transcurrido más de 3 meses del art. 24.1 LPAC considerando que opera el silencio positivo. Es una garantía que impide vaciar de contenido los derechos de particulares cuando la Administración no atiende eficazmente a sus funciones. La desestimación es extemporánea, sin eficacia jurídica
Resumen: Nulidad, por abusiva, de la cláusula de gastos y comisión de apertura de la escritura, con devolución de lo abonado indebidamente. Estimada la demanda recurre el banco demandado, alegando en primer lugar la prescripción de la acción restitutoria, lo que se rechaza, pues si bien es admisible la prescripción de la acción, en cuanto al inicio del cómputo del plazo, el mismo únicamente puede ser compatible con el principio de efectividad si el consumidor pudo conocer sus derechos antes de que dicho plazo empezase a correr o de que expirase, sin que pueda considerarse que la existencia de una jurisprudencia nacional consolidada sobre la nulidad de cláusulas similares constituya una prueba de que se cumple el requisito relativo al conocimiento, por el consumidor, del carácter abusivo de esa cláusula y de las consecuencias jurídicas que se derivan de ella. Se impugna asimismo la nulidad de la cláusula de comisión de apertura, y en relación a ello, si bien no cabe una solución unívoca sobre la validez o invalidez de la misma, puesto que dependerá del examen individualizado de cada caso, conforme a la prueba practicada se desprende que la misma es comprensible, no existe solapamiento de comisiones, y en cuanto a su importe, 0,50%, resulta proporcionado, comparando el mismo con el coste medio de comisiones de apertura en España. Procede acordar la validez de la cláusula, manteniendo la condena al banco de las costas de la instancia, por aplicación del principio de efectividad.
